El juicio por la causa “Ñoquis Calientes” en Chubut avanza con declaraciones que exponen un esquema de corrupción sistémico. Cecilia Torres Otarola, exdiputada y exministra, es señalada por contrataciones irregulares, desvío de fondos y manejo discrecional de una «caja política».

El juicio por la causa “Ñoquis Calientes” en Chubut, que involucra a la exdiputada y exministra Cecilia Torres Otarola junto a otros seis imputados, sigue destapando graves acusaciones de corrupción. Según los testimonios, el esquema incluyó la contratación de empleados que no vivían en la provincia y la creación de una “caja política” financiada con fondos de sueldos asignados.

Uno de los testigos clave, Martín Sandoval, exdirector en el Ministerio de Familia y denunciante del caso, aseguró que estas prácticas se extendieron desde la gestión de Torres Otarola en la Legislatura hasta su paso por el Ministerio. “Muchos de los contratados ni siquiera residían en Chubut, como un jardinero peruano que jamás pisó la provincia”, declaró Sandoval, destacando la falta de controles en el sistema.

Muchos de los contratados ni siquiera residían en Chubut.

El exfuncionario reveló que parte de los sueldos de los empleados políticos era redirigido a una «caja política» administrada por la propia legisladora a través de su personal cercano, como su niñera. Sandoval también relató que los asesores contratados debían firmar cartas de renuncia anticipadas, describiendo el mecanismo como una forma de «apriete» para garantizar el flujo de dinero hacia estos fondos discrecionales.

Durante el juicio, Sandoval presentó su teléfono celular como prueba y afirmó que las preguntas del abogado defensor no lograron debilitar el peso de sus acusaciones. “Esto era una forma de vida para algunos. Los controles del sistema fallaron en todos los niveles, permitiendo que esto sucediera”, enfatizó.

El juicio, que continuará con el testimonio de más testigos, busca esclarecer los alcances de este esquema de corrupción que, según los denunciantes, comprometió recursos públicos esenciales y marcó años de irregularidades en la gestión provincial.