Jorge Lincheo, Federico Ruffa y Dalder Barrera, presidente, vicepresidente y gerente administrativo de la Cooperativa Eléctrica de Trelew respectivamente, denunciaron públicamente la intención de un grupo de concejales oficialistas, de postergar indefinidamente el tratamiento del Mecanismo de Equilibrio de Costos (MEC), condenando a la entidad a un colapso económico-financiero, y reclamaron al municipio un control estricto sobre los asentamientos compulsivos.
Los dirigentes cooperativistas, formularon este planteo partiendo de una situación irregular, como lo es un pedido de informes que el Concejo Deliberante presentó a la Cooperativa.
En ese sentido, Ruffa indicó que «nos hicieron un pedido de informes directamente a nosotros, citando un artículo de la Carta Orgánica Municipal que faculta al Concejo Deliberante a pedir la información al Ejecutivo, no a entidades privadas. Además, el Concejo Deliberante tiene un vínculo directo no sólo con el Ejecutivo, sino también con otra porción del Ejecutivo que es el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP), que en definitiva es el que tiene la obligación de estar en el día a día recibiendo la información necesaria para controlar el adecuado cumplimiento del contrato de concesión».
«A nosotros nos sorprendió y si bien entendemos que una irregularidad no queremos ponernos a discutir sobre quién tiene competencia o no para pedir informes, porque nuestro problema es mucho más grave, y estamos dispuestos a mostrarle toda la información que sea necesaria así por un de una vez por todas advierten la situación crítica en la que está la cooperativa y la situación a la que la están arrastrando con la maniobras que están intentando algunos de los concejales», remarcó.
Ruffa, explicó que las maniobras impulsadas por concejales como Lorena Alcalá, Sebastián De La Vallina y Juan Aguilar apuntan a demorar el tratamiento del Mecanismo de Equilibrio de Costos (MEC), al despojarlo del urgente tratamiento, precisando que «el MEC, se estableció en 2019 y lo que hace básicamente es tomar una serie de índices oficiales de aumentos que impactan en los costos de la cooperativa, sacar una fórmula con todos esos índices y establecer cuánto sería el aumento que corresponde para poder cubrir los costos. Esto arrancó atrasado, pero aun así es un mecanismo que razonablemente permite la supervivencia de la Cooperativa».
«A su vez, cuando se estableció este mecanismo se asumió compromiso y se firmó un convenio, que fue ratificado por el Concejo Deliberante y por los mismos concejales que ahora quiere ir para el lado absolutamente contrario», señaló, añadiendo que «una vez establecido ese índice, por esta regla matemática, el Ejecutivo Municipal asume la obligación de enviar esa actualización tarifaria al Concejo Deliberante, dado que por Carta Orgánica tiene que ser tratado por los concejales en el lapso que fijado por el artículo 50 de la Carta Orgánica, que establece el urgente tratamiento. Esto, en criollo, significa que una vez recibido por el cuerpo legislativo, éste tiene 30 días para tratarlo, y si no lo trata se transforma en ordenanza en forma automática».
Resaltó que «lo que están haciendo ahora algunos concejales, impulsados por Lorena Alcalá y Sebastián De La Vallina, acompañados por Juan Aguilar, es tratar de quitarle ese urgente tratamiento. Y en esto hay dos contradicciones. Una, que son los mismos concejales que exigieron, forzaron y votaron para que este mecanismo se sancione de esa manera, y otra es que han obligado en este tiempo a computar ese plazo en días hábiles, y nosotros entendemos que no corresponde, que deben ser días corridos».
«O sea que han tenido al menos 30 días hábiles para subir este tema al Concejo, tratarlo en el recinto, discutirlo y aprobarlo o no aprobarlo, pero no lo han hecho. Lo único que intentan subir constantemente es el proyecto para quitarle el urgente tratamiento. Obviamente uno puede presumir, que con la idea de que una vez que la posibilidad de aprobación automática decaiga, dejarlo morir en el cajón hasta Dios sabe cuándo», sentenció.
Ruffa remarcó que aparentemente el propósito de los ediles que impulsan esta iniciativa, es «dejar a la Cooperativa sin aumentos, lo que va a terminar en una asfixia económica y luego en un impacto sobre los servicios básicos en Trelew».
Jorge Lincheo, dijo estar sorprendido, dado que los que impulsan la quita del urgente tratamiento, «son prácticamente los mismos concejales son que eligieron esta metodología de cómo tratar el MEC» y más aún por la participación en esa iniciativa de Sebastián De La Vallina «que asumió ahora nuevamente su banca, pero que cumplió funciones en la Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos del Municipio, y que estaba permanentemente contacto con nosotros, por lo que conoce la situación económica-financiera y la forma que trabaja Cooperativa. Queda claro entonces que no desconoce lo que pasa. El resto de los concejales está hace tiempo en sus bancas, lo suficiente para tener conocimiento pleno de la situación de la Cooperativa».
El titular del Consejo de Administración, hizo alusión a que los ediles en cuestión «han tratado de involucrar a los presidentes barriales con el argumento de que ellos presentan notas supuestamente pidiendo informes».
En ese sentido indicó que «yo vengo del vecinalismo y estoy en contacto permanente con las vecinales, y han intentado armar un listado de vecinales con pedidos de informes que prácticamente no existe. Con varios de ellos estuve hablando y la verdad es que no están ni enterados de lo que supuestamente nos estarían pidiendo a nosotros como información, a través del Concejo Deliberante».
Por su parte, el gerente administrativo de la entidad, Dalder Barrera, hizo hincapié en que «desde enero no tenemos ninguna actualización tarifaria. La última que tuvimos en enero, correspondía al periodo junio-julio-agosto de 2022. Es decir que en enero de este año nos dieron un aumento que correspondía a la inflación que había acaecido de 9 a 6 meses atrás, y con ese aumento venimos subsistiendo hasta ahora, y obviamente nos hemos ido endeudando».
«A esto se suma que hay una inflación que todos conocemos, porque todos los meses el índice de inflación anda entre el 6 y el 8%. Además tenemos muchos productos que compramos en dólares y más allá de la variación del dólar, estos insumos han aumentado su valor en términos de dólar», dijo citando por ejemplo el costo de «una celda de Ormazábal, que estaba en 25,000 dólares y ahora nos están pidiendo 45.200 dólares, es decir que aumentó el dólar y también el precio del producto en dólares».
Aclaró con relación al MEC que «en su momento, cuando surgió este método, tuvimos mucho trabajo con el Organismo Regulador y con el poder concedente también. Ahí se fijó cuál era nuestra estructura de costos para poder funcionar y se fijó esta metodología para no estar discutiendo todo el tiempo. Se discutió en ese momento durante 6 meses y nos pusimos de acuerdo en cuál es la estructura de costo y después dijimos esta estructura se va a ir actualizando en forma mensual. Después se decidió que fuera trimestral. Se debería ir actualizando trimestralmente para no generar estos desfases tan grandes en la Cooperativa».
Hizo notar que «estamos hablando que en un trimestre se produce un incremento del 18, 20 o 24% que es muchísimo, y sumado a eso el tiempo que transcurre hasta que se envía al OMRESP y éste lo remite al municipio, el municipio al Concejo y lo aprueban con el pronto tratamiento, pasan en vez de esos 6 meses, por lo menos dos o tres meses más y cuando lo aplicamos en un contexto inflacionario anual de más de 107%, es muy difícil poder gestionar cualquier empresa».
Barrera precisó más adelante que «la cooperativa lamentablemente es una suerte de pasamanos. Recibe energía, la distribuye y no es una empresa que obtenga ganancias. Ni siquiera se contempla en las actualizaciones de costos un ítem de ganancias, que debería estar regulado en cualquier concesión básica».
«Sucede que la energía ha aumentado, se han quitado los subsidios a nivel nacional lo que impacta en la boleta pero no en lo que ingresa a la Cooperativa. Obviamente cuando la gente recibe la boleta, arriba dice Cooperativa Eléctrica, pero debajo de eso está Jardín del Cielo, están los aumentos de Bomberos, está el aumento del propio CAMMESA, sobre lo cual la Cooperativa tiene poco por hacer», apuntó, enfatizando en que «en todo caso lo que se debiera hacer son gestiones para lograr algunas mejoras en la capacidad de subsidiar a los usuarios que tienen inconvenientes. No podemos obligar a todo el resto de los usuarios a financiar porque no es su tarea subsidiar aquellos que lamentablemente no pueden pagar. Para eso están los poderes concedentes y los políticos. De hecho hoy, forzosamente, por inacción del poder concedente y en muchos casos de la Justicia estamos subsidiando a gente que nos encantaría subsidiar, pero lo que hace eso es aumentar los costos de la Cooperativa y la boleta de luz al fin de cuentas, porque tenemos una cantidad de enganchados en distintos Barrios que consumen luz y no la pagan».
«Seguramente -acotó- muchos de ellos merecerían algún tipo de ayuda, pero no se puede hacer de este modo. No se puede hacer de manera irregular, y se tiene que hacer con un reglamento claro, que es lo que lamentablemente no sucede en Trelew».
Ruffa, insistió en lo perjudicial que sería dejar sin efecto el urgente tratamiento del MEC, asegurando que «se generarían daños irreparables, porque el hecho de que haya tanta dilación en los incrementos o se discutan tanto, provoca lo que está ocurriendo hoy que desde enero no tenemos una adecuación tarifaria. Desde esa fecha hasta acá lo que genera es que tengamos mayores deudas por intereses, se suman inversiones que no se pueden hacer y si no se hacen reparaciones o mantenimiento después hay que comprar el artefacto nuevo y eso genera costos mayores».
«Entonces entramos en una bola de nieve que después es imposible parar y termina como terminó en año anterior, no pagando AFIP, no pagando al sindicato, no pagando obra social, no pagando a los trabajadores con el perjuicio que eso ocasiona. Cada mes estamos mucho peor, porque tenemos la deuda del propio mes, más todo lo que viene atrasado, más los intereses, y no hay forma de parar esa bola de nieve si no lo hacemos ahora», recalcó.
Lincheo puso el relieve el hecho de que a la difícil situación generada por la postura de los ediles, se suma «por la falta de conducción en la ciudad, la toma de tierras y los asentamientos», que «como en el caso del barrio Costanera ha generado numerosos cortes de energía en los barrios Inta y Moreira por la cantidad de enganchados», destacando que ante reclamos de los vecinalistas del sector, «hicimos un recorrido junto al OMRESP y detectamos más de 1.500 conexiones clandestinas en los barrios, Moreira y Costanera que fueron denunciadas a la justicia».
Reconoció que estos asentamientos se producen porque alguien lo permite, y consideró que «esos asentamientos no se forman porque sí, ya que hay trazas de calle, postes de alumbrado», lamentando que esas conexiones precarias pueden tener consecuencias lamentables para quienes las hacen, para quienes las utilizan y para quienes por descuido o desconocimiento tengan algún contacto con ellas.
Respecto de la denuncia presentada sobre el tema, Ruffa señaló que el lunes fueron notificados sobre el archivo de la causa, anticipando que en el seno del Consejo de Administración se tomará una decisión sobre los pasos a seguir.
En ese sentido aseveró que «en esto tendría que intervenir la asesoría, defensoría a los efectos de ver cómo se regulariza pero no se puede cargar todo ese costo sobre la Cooperativa, porque en definitiva es cargarlo sobre los usuarios».
Finalmente al serle requerida una reflexión final, Barrera reconoció que la situación es gravísima, dado que «no tiene vida la Cooperativa si esto sigue así. La última actualización fue en enero y correspondía a junio/agosto del 2022. Si CAMMESA sigue con la quita de subsidios, no vamos a pagar los sueldos, sumado a que CAMMESA en algún momento nos va a embargar y si lo hace tenemos que cerrar las puertas lamentablemente porque no va a haber forma de seguir funcionando».
Por su parte, Ruffa señaló que «es difícil que las empresas que prestan servicios esenciales cierren. Lo que va a pasar probablemente, es que van a empezar a colapsar los servicios. Y si recibimos en algún momento un embargo de CAMMESA, nosotros tuvimos que buscar una alternativa para pelearnos con CAMMESA porque este es el único municipio de Chubut que no ha firmado el acuerdo de refinanciación de deuda, que nos permitiría al menos pensar en tener algo de aire, porque hubiésemos podido compensar deuda con lo que ya tenemos embargado, hacer una suerte de borrón y cuenta nueva. Quizá en seis o siete meses tendríamos que volver a negociar, pero tendríamos ese tiempo de gracia para buscar cierta estabilidad en la Cooperativa».
Recordó que «el Ejecutivo no nos acompañó con eso, así que hoy estamos a la buena de Dios o si se quiere a la buena de CAMMESA, o a la buena, peor aún, de los abogados de CAMMESA».
Por último, Lincheo dijo que «necesitamos que el jefe de la ciudad tome nuevamente el bastón de mando, que vea que va a hacer con el loteo Belgrano y con los demás asentamientos que van apareciendo en la ciudad, porque acá hay derechos vulnerados de los vecinos y se está dañando mucho el sistema eléctrico».
«Tiene que haber un líder político en la ciudad, que hoy prácticamente no está, y siguen apareciendo asentamientos y la gente que se instala en esos lugares sigue conectándose a las líneas clandestinamente», concluyó.
