El gobierno nacional dio por finalizada la cobertura automática de las Aseguradoras de Riesgos de Treabajo (ART) por Covid-19. Dispuesto por decreto, indicaba que un caso descubierto en el ámbito laboral implicaba el contagio en ese mismo ambiente y lo incorporaba como Enfermedad Profesional no listada. Por ello, todas las erogaciones por prestaciones médicas, licencias laborales e indemnizaciones por fallecimientos correspondían a las ART que, a la vez, serían financiadas con un Fondo Fiduciario especial ya creado anteriormente a efectos de responder ante esas enfermedades no listadas.
Lo cierto es que los $ 5000 millones disponibles se agotaron el 1 de junio de 2021 cuando, además, según estimaciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el regulador del sistema, restaba abordar un saldo de unos $ 27 mil millones. En ese momento los contagios totales superaban levemente los 4 millones, mientras que los casos reconocidos por el sistema de ART alcanzaban los 382 mil, con 2085 decesos.
La estimación realizada por la SRT en aquel momento apuntaba a definir la envergadura del problema para buscar alternativas de capitalización del Fondo Fiduciario cuya principal fuente era una contribución patronal fijada desde su creación en $ 0,60 mensual por empleado. La cartera laboral dispuso, mediante la resolución 115/21 la elevación de ese monto hasta los $ 40 con actualización por Ripte (hoy en $ 49,98) y con un esquema de aumentos graduales que la llevarán a $ 100 en febrero de este año.
Según datos actualizados de la SRT a los que accedió Tiempo, al 17 de diciembre, días antes del vencimiento del decreto y con un acumulado de 5,3 millones de contagios registrados, el sistema había dado cobertura a 477.331 trabajadores de los cuales 3841 fallecieron. Una simple proyección indica que las erogaciones necesarias ya estarían rozando los $ 40 mil millones. Para cubrir el faltante con lo recaudado por las contribuciones patronales destinadas al Fondo Fiduciario serán necesarios entre cuatro y cinco años.
El vencimiento del decreto no compromete la cobertura sanitaria de los empleados que, como hasta ahora, disponen del sistema de obras sociales o, en su defecto, el público. Lo que está en discusión es quién financia las prestaciones, las indemnizaciones y las licencias por interrupción laboral. Se trata de un ajuste de cuentas entre las ART, las obras sociales, las empresas y el Estado.
Por eso, desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) señalaron que «ante la situación récord de contagios por la variante ómicron, las ART están rechazando las solicitudes del personal enfermo por encontrarse fuera de la cobertura excepcional de emergencia. Los empresarios pymes quedamos muy desguarnecidos y estamos muy preocupados».
Gastón Valente, integrante del comité consultivo permanente de la SRT por la CTA, señaló: «Reclamamos que el Covid sea incorporado como enfermedad profesional. Se incorporó pero en forma restringida, dejando afuera a muchos sectores. El gobierno está representado por la SRT, que mantiene muchos funcionarios y asesores que vienen del gobierno anterior. Lo curioso es que coincidimos con la UIA, que puso el grito en el cielo porque les aumentaron la cuota para el Fondo y nos les cubren nada. Es un problema económico».
Además, insistieron en la defensa de la decisión oficial: «En las anteriores olas había un riesgo de salud y de vida importante con centros médicos colapsados. En esta tercera ola se da por sentado que es positivo cuando hay síntoma pero no hay riesgo de vida. Apelar a esa presunción de laboralidad es antinatural. Si hubiera un caso, un trabajador puede demostrar ante las comisiones médicas para que lo cubran».
Sin embargo, quedando a cargo de las patronales la cobertura de las licencias, es de prever un incremento de las presiones sobre los trabajadores para omitir aislamientos por contacto estrecho o incluso ausencias por contagios.
En el mismo sentido operarán las acciones para la implementación de protocolos de prevención que, si bien siempre corresponden a los diferentes estratos del Estado, mientras las ART estuvieron interesadas en disminuir el número de casos actuaron, al menos, con planes de capacitación y asesoramiento.