Tras el rechazo del Senado y una cautelar judicial, el juez designado por decreto dejó su cargo en la Corte Suprema. La crisis expone tensiones entre poderes y reabre el debate por las designaciones exprés.
Manuel García Mansilla presentó su renuncia indeclinable a la Corte Suprema de Justicia apenas 39 días después de haber asumido por decreto presidencial. El abogado y catedrático deja el máximo tribunal en medio de una tormenta política y judicial: su pliego fue rechazado por amplia mayoría en el Senado y un juez federal lo había inhabilitado mediante una medida cautelar para ejercer funciones. Con su salida, la Corte vuelve a quedar con solo tres miembros activos.
El conflicto expuso una dura disputa institucional. La designación de García Mansilla –al igual que la del juez Ariel Lijo, que nunca asumió– fue realizada por el presidente Javier Milei en comisión, sin acuerdo del Senado. El juez Alejo Ramos Padilla cuestionó esta maniobra por inconstitucional y lo prohibió de firmar resoluciones. El Gobierno respondió con un recurso extraordinario ante la propia Corte, pero el resto de los jueces no acompañó la estrategia, lo que dejó a Mansilla aislado.
En su carta de renuncia, el juez admitió que la situación de vacancias en la Corte es grave, pero reconoció que su continuidad obstaculizaba una solución institucional. Mientras el Gobierno defiende la legalidad del decreto, desde sectores judiciales y políticos se cuestiona la validez de este tipo de nombramientos. La crisis podría marcar un precedente sobre los límites del Poder Ejecutivo para designar jueces sin el aval parlamentario.
