El Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, señaló que el proyecto “ponía en peligro nuestra soberanía y nuestros recursos, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros y afectando los puestos laborales de miles de chubutenses”.
En cuanto a los principales puntos referidos a la pesca que planteaba el proyecto elevado por el Gobierno nacional, el cual comenzó a tratarse en el Congreso, Torres explicó que “desde un primer momento manifestamos marcadas diferencias con una reforma que ponía en peligro nuestra soberanía y nuestros recursos, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros y perjudicando el trabajo de miles de chubutenses”.
Defender al interior productivo
Además, el Gobernador aseguró que Argentina “necesita reformas que impulsen y dinamicen la economía”, pero afirmó también que las mismas “deben diseñarse en un diálogo abierto con las provincias, con una mirada federal que contemple al interior productivo”.
Cabe destacar, asimismo, que tras una reunión mantenida este martes entre el mandatario provincial y los diputados nacionales Ana Clara Romero, Eugenia Alianello y José Glinski, los representantes de Chubut en el Congreso ya habían adelantado que votarían en contra del capítulo de pesca, por considerar que su hipotética sanción afectaría gravemente tanto a la economía nacional como a la provincial, lastrando así el desarrollo de una actividad clave para la región como lo es la pesca.
Hidrocarburos y Manejo del Fuego
Durante el mismo encuentro, los diputados acordaron con Torres prestar una especial atención a los cambios normativos que establece el proyecto de “Ley Ómnibus” en materia de hidrocarburos, a fin de garantizar la sustentabilidad de la Cuenca del Golfo San Jorge, asegurando además las inversiones correspondientes.
Por último, es importante señalar igualmente que los diputados decidieron no acompañar en el Congreso la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, la cual protege a los bosques nativos y otros ecosistemas naturales de posibles incendios accidentales o intencionales, prohibiendo la venta de tierras incendiadas durante un plazo de entre 30 a 60 años, para evitar así hipotéticas prácticas especulativas con fines inmobiliarios.
