El concejal de Trelew por la UCR, Rubén Cáceres, pidió a la Municipalidad que brinde detalles y explicaciones sobre el convenio firmado hace pocos días con el Superior Tribunal de Justicia, por el cual el máximo órgano del Poder Judicial recuperó un terreno en la Reserva Natural Laguna Chiquichano para construir un edificio para el archivo general. Cáceres lo hizo a través de un pedido de informes presentado el último viernes.
El acuerdo firmado el 23 de junio por el intendente Adrián Maderna dejó sin efecto un convenio del año 2011 por el cual la Municipalidad había recibido del Superior Tribunal el inmueble ubicado en la Laguna Chiquichano, que es Área de Reserva Natural desde 1987, a través de la ordenanza número 2.397. Esa declaración, indicó Cáceres, prohíbe, las actividades que podrían degradar el medio ambiente.
En tanto, en el mismo convenio original la Municipalidad destinaba al Superior Tribunal un lugar de mayor extensión, pero ubicado fuera de la zona de la Laguna, en un área delimitada por las calles Eva Perón, San David, y Nahuelpán.
«Es evidente que el convenio que el Estado Municipal celebró en el año 2011 era de enorme conveniencia y beneficio para la comunidad al ampliar la disponibilidad de tierras públicas en el área de la reserva natural», indicó el edil radical.
«Los parques urbanos en el núcleo de ciudades como Trelew nos dan y promueven beneficios ambientales como la captación de carbono, así como la generación de biodiversidad. Estos factores contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de la salud y el disfrute del medio ambiente, y ayudan a reducir un factor de riesgo muy importante vinculado a las enfermedades no transmisibles como es la inactividad física», comentó Cáceres.
El edil añadió que el área de la Laguna Chiquichano, además de su valor ambiental e histórico, «tiene un enorme potencial de desarrollo para el futuro, con un valor turístico también destacable y difícil de dimensionar en la actualidad».
«Por el contrario -marcó Cáceres- el emplazamiento de edificios administrativos, en este caso del Poder Judicial, en el área de la Reserva Natural atenta contra esos beneficios y objetivos, atrayendo problemas urbanísticos, como el incremento del tránsito vehicular, estacionamiento, la necesidad de transporte público, entro muchos otros».
En este contexto, el pedido de informes de Cáceres se fundamenta en que el Ejecutivo Municipal «no ha brindado fundamento alguno que explique y justifique la celebración del nuevo convenio, los estudios, informes o aportes de las áreas técnicas de planificación urbana que lo hubieran precedido, consultas a organismos privados con incumbencia en los temas ambientales, entre otras cuestiones».
Además, el convenio «tampoco ha sido remitido al Concejo Deliberante a los fines previstos en la Carta Orgánica», finalizó Cáceres.
