Mientras la flota amarilla debe más de $1.200 millones a la Provincia, una denuncia penal reveló reuniones en una pesquera para intentar provocar caos social y perjudicar al Gobierno de Chubut en el inicio de clases.
La flota amarilla atraviesa dos conflictos simultáneos con el Gobierno del Chubut que, lejos de ser hechos aislados, exponen un clima de confrontación creciente. Por un lado, la deuda superior a los $1.200 millones que el sector mantiene con la Provincia por el canon pesquero. Por otro, una denuncia penal reciente que involucra a una empresa pesquera en un presunto intento de generar caos social para dañar políticamente al Ejecutivo provincial.
El titular de la Agencia de Recaudación del Chubut, Pablo Asnaghi, confirmó días atrás que la flota amarilla adeuda más de $1.200 millones correspondientes a noviembre y diciembre, con montos declarados y otros detectados sin declarar, ya intimados. Advirtió que, si no se regulariza la situación, la Provincia avanzará con ejecuciones fiscales y embargos. Todo esto, pese a que el canon representa apenas el 2% del valor del recurso y deja a Chubut solo entre $3.500 y $4.000 millones sobre una actividad que mueve más de $300 mil millones.
En paralelo, en las últimas horas estalló otro conflicto de alto impacto institucional. El dirigente de ATE José Severiche denunció penalmente que el ex funcionario Gonzalo Carpintero le habría ofrecido dinero para “hacer un quilombo” que impidiera el inicio del ciclo lectivo y generara caos social, con el objetivo explícito de perjudicar al gobierno de Ignacio Torres.
La denuncia, confirmada por la fiscal Julieta Gamarra, señala que la reunión se habría realizado en oficinas de una pesquera de Trelew, donde se secuestraron registros de cámaras de seguridad y teléfonos celulares tras allanamientos y procedimientos policiales. La investigación judicial está en curso y, hasta el momento, Carpintero es el único imputado.
Sin adelantar conclusiones judiciales, los hechos plantean un dato político insoslayable: mientras la Provincia reclama el pago de una deuda millonaria por un recurso que es de todos los chubutenses, el sector pesquero vuelve a aparecer asociado a estrategias de presión y desestabilización, primero resistiendo pagos mínimos y luego quedando vinculado a una denuncia que apunta a la generación deliberada de conflicto social.
Dos episodios distintos, pero un mismo trasfondo: resistencia a cumplir obligaciones y confrontación directa con el Gobierno provincial en un momento clave, cuando Chubut necesita recursos para sostener educación, salud y seguridad. El desenlace judicial dirá responsabilidades. El impacto político, en cambio, ya está a la vista.
