Las medidas oficializadas por el Gobierno de Javier Milei, afectan de manera desproporcionada a las provincias de la región sur.
A raíz de las recientes decisiones del Gobierno Nacional, las provincias patagónicas se enfrentan a un aumento de tarifas con incrementos que superan el 150%. La quita de subsidios a la energía, implementada bajo la dirección del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, generaron un fuerte repudio de los residentes de la región.
Desde junio, con efectos retroactivos al día 1, se aceleró la eliminación de los subsidios a la energía para todos los hogares, comercios e industrias del país. Esta política provocó un aumento significativo en las boletas de luz y gas, con subas que en algunos casos superan el 155%, según lo admitido por el propio Gobierno. En el caso del gas natural, el incremento ronda el 6%, pero tanto en la luz como en el gas, estos ajustes se suman a los aumentos previos que ya oscilaban entre el 300% y el 400% para los hogares de mayores ingresos.
Las resoluciones de la Secretaría de Energía de Nación, publicadas en el Boletín Oficial, oficializan estos aumentos que afectan de manera desproporcionada a las provincias patagónicas. Estas regiones, que ya enfrentan condiciones climáticas adversas y mayores costos de vida, ahora deben soportar un incremento brutal en sus tarifas de servicios básicos, exacerbando las dificultades económicas de sus habitantes.
La eliminación de los subsidios, justificada por el Gobierno Nacional como una medida necesaria para reducir el gasto público, fue percibida como una acción discriminatoria hacia las provincias patagónicas. La población local ve esta decisión como un ataque directo a su economía y una muestra de insensibilidad por parte de las autoridades nacionales, especialmente en un contexto de inflación y creciente costo de vida.
Las críticas hacia el Gobierno Nacional, y en particular hacia el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, se centran en la percepción de que las decisiones tomadas discriminan injustamente a una región que ya enfrenta múltiples desafíos económicos y sociales.
