La embestida judicial que había intentado la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial contra los ministros del Superior Tribunal de Justicia fue desactivada por el Ministerio Público Fiscal del Chubut, que determinó la inexistencia de delito penal en las actuaciones denunciadas. Tras una investigación preliminar, el caso fue cerrado.
La denuncia, impulsada cuando Claudio Petris presidía la Asociación —antes de renunciar en medio de múltiples cuestionamientos—, apuntaba a supuestas irregularidades administrativas dentro del STJ. Sin embargo, la evaluación de documentos, testimonios y pruebas no permitió identificar ninguna conducta que pudiera encuadrarse en una figura penal, según estableció el equipo de fiscales designado por el procurador Jorge Miquelarena.
Desde el MPF explicaron que la desestimación se resolvió en el marco de lo previsto por el Código Procesal Penal del Chubut. El intento de avanzar penalmente contra el máximo órgano judicial de la provincia quedó así sin fundamentos ni sustento jurídico.
Cabe recordar que Petris, además de impulsar esta denuncia, fue el mismo que intentó frenar el plebiscito provincial en el que los chubutenses decidirán si se eliminan los fueros y los privilegios de jueces, políticos y sindicalistas. La desestimación de la denuncia refuerza la legitimidad institucional del STJ en un contexto de avance hacia más transparencia y control ciudadano.
