El denunciante es Rafael Vásquez Rivera, quien los acusa por el delito de lesa humanidad, ya que los considera culpables por no tomar a tiempo las medidas necesarias para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus, y que como consecuencia fueron víctimas fatales su madre y su tía, ambas ciudadanas estadounidenses.
La causa se tramita en el juzgado federal N° 9 del fuero Criminal y Correccional, está en manos del Juez Federal Luis Rodriguez, y fue realizada por un ciudadano guatemalteco nacionalizado argentino, ante la falta de acción del Gobierno norteamericano, frente a la pandemia generada por el Covid-19.
Patrocinado en Argentina por la abogada Camila Chiara Iacono, Vásquez Rivera busca que la Justicia de nuestro país sea la que determine la responsabilidad penal por las muertes de sus familiares. “La denuncia es por el delito de genocidio de comisión por omisión. Nuestra finalidad es poder sentar un precedente para las víctimas del Covid-19 que fueron casos importados, y que se investiguen estas actuaciones omisivas por parte de los gobiernos y que estas mismas no queden impunes”, detalló su abogada.
El sustento jurídico de la denuncia presentada en Argentina es el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional donde se incorporan los tratados internacionales, la ley 25.390 que aprueba el Estatuto de Roma, y los artículos 6 inc. b) y c), 7, el 28 y el 30 del mismo Estatuto. También se agarra del art. 8-1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
En la presentación, se justifica por qué debería ser considerado un delito de lesa humanidad: “Todo el plexo de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, son delitos que trascienden las fronteras y tornan inaplicable el principio de territorialidad de la ley penal, ya que son verdaderos delitos culposos de Lesa Humanidad, porqué derivan del incumplimiento mismo de los protocolos, permitiendo la muerte y/o daño a la salud permanente del Ser Humano”, argumentaron.
Aún se aguarda si el juez federal Luis Rodríguez abre o no la pesquisa. En caso de abrirla tendrá que intervenir el área de Legales de la Cancillería para entablar comunicación con los Estados Unidos, a través de su embajada y en el marco del proceso. La decisión ahora está en manos de la Justicia argentina.
