Los gobernadores de la Patagonia firmaron un durísimo comunicado conjunto donde respaldan el reclamo de Ignacio “Nacho” Torres. 

En respuesta a la decisión del Gobierno Nacional de retener ilegalmente más de un tercio de la coparticipación mensual que corresponde a la provincia del Chubut, los gobernadores de la Patagonia firmaron un durísimo comunicado conjunto donde respaldan el reclamo de Ignacio “Nacho” Torres, quién advirtió que si Nación no da marcha atrás en la retención indebida de dichos fondos, desde Chubut no va a salir un solo barril de petróleo más.

En un duro documento titulado “Las provincias unidas del sur”, los mandatarios Alberto Werertirneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Sergio Zilotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), además del chubutense Torres, tildan de «criminal» la postura del gobierno de Milei y advierten que lo que está en juego detrás de este asunto es “la existencia misma de la República Argentina”.

En tal sentido, el texto firmado por todos los mandatarios patagónicos sostiene que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto”, por lo que “nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de los fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”.

Asimismo, el comunicado expresa también que esta retención ilegal de fondos realizada por el Ministerio de Economía de Nación, la cual asciende a un total de 13.500 millones de pesos “no es una revancha contra el gobernador del Chubut”, sino que se trata de una “afectación directa a más de 600 mil chubutenses que ven perjudicado su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo”.

“Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes”, detallaron los mandatarios, solidarizándose así con el pueblo del Chubut, y repudiando tajantemente “el ataque que está llevando adelante el Gobierno Nacional contra una provincia hermana”.

Además, el comunicado afirma que “la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron públicamente luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus”, y señala: “quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para, de este modo, forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas”.

“Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal, que ningún gobernador va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina”, destacaron por último los mandatarios, asegurando que “no aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias”.