En un hecho inédito, en Chubut se desarrolla el primer juicio en Argentina contra “ñoquis”, personas que cobran un sueldo estatal sin trabajar. Cecilia Torres Otarola, exdiputada y exministra, enfrenta acusaciones por contratar empleados que solo aparecían a fin de mes para cobrar su salario.
El primer juicio en Argentina contra “ñoquis” tiene como protagonista a Cecilia Torres Otarola, exdiputada provincial y exministra de Familia de Chubut, acusada de contratar personas que cobraban sueldos estatales sin trabajar y retener una parte de sus sueldos. La denominada Causa «Ñoquis Calientes» pone bajo la lupa las contrataciones realizadas durante su gestión en la Legislatura de Chubut, donde los empleados políticos tenían nulas obligaciones de asistencia.
Testigos clave, como Fernanda Barboni y Paula Mingo, explicaron ante el Tribunal que los asesores políticos no estaban obligados a fichar ni a asistir a la Legislatura. “El control del trabajo lo hace el diputado que los contrata, quien certifica su cumplimiento para el pago de salarios”, explicó Mingo. Este esquema habría permitido que personas contratadas por Torres Otarola cobraran sueldos sin prestar servicios reales.
El caso de Branco Rodera Neira, una de las imputadas, ilustra estas irregularidades. Sus contratos fueron firmados por Torres Otarola y avalados por las autoridades legislativas de la época. Según los testimonios, el sistema permitía que los legisladores gestionaran las contrataciones de manera discrecional, sin controles externos.
Este juicio marca un precedente en la lucha contra el abuso de recursos públicos y busca esclarecer las prácticas que permitieron el cobro indebido de salarios estatales. Las audiencias continúan con el foco en determinar las responsabilidades de Torres Otarola y sus colaboradores en un esquema que perjudicó las arcas del Estado para beneficio personal.
