En Trelew el gremio de la construcción (UOCRA) se manifestó una vez más por las calles céntricas hasta el municipio, donde el propio intendente Adrián Maderna salió a recibirlos.
Aunque públicamente desde el gremio informaron que reclaman la reactivación de las obras y la generación de empleo local, se supo que también hicieron reproches hacia el equipo de gobierno.
La interna sindical se vive adentro del municipio y fue evidencia de ello el conflicto que describió Chubut Noticias y que terminó con golpes de puño entre uno de los dirigentes del gremio, Juan Villafañe y Sebastián de la Vallina, actual Secretario de Obras Públicas municipal, pero que originalmente fue parte de la lista de concejales de la actual gestión representando precisamente al gremio de la construcción.
Puertas adentro, desde el gremio reclaman haber sido uno de los sectores claves en la ajustada reelección de Adrián Maderna, y así se lo recuerdan a su embajador De la Vallina, que lejos de ser el «mesías» de los trabajadores de la construcción, se ha convertido en el principal obstaculizador, entre promesas incumplidas, reproches cruzados y burocracia estatal.
Ahora, parece que el conflicto se reavivó, sumado a que en diciembre pasado, el gremio entregó en manos de Claudio Paredes y Juan Villafañe, un petitorio a Maderna apoyando la minería y pidiendo que se reactiven obras para afrontar la crisis del sector y se haga entrega de viviendas para los trabajadores, algo que aún no sucede.
Mientras tanto, entre las ciudades de Madryn y Trelew, la UOCRA ya acumula a más de 2000 trabajadores desocupados. Irónicamente el dirigente Claudio Paredes, en lo que se entiende representa otro acuerdo político con el gremio, es además desde noviembre de 2019 Coordinador del Área de Empleo y Capacitaciones de la Municipalidad. Es decir que esta en ambos lados del mostrador, tarea difícil de dilucidar a la hora de exigir y tener también la obligación de dar respuestas.
Por otro lado, a todo esto se sumó el reclamo sobre el anuncio de la implementación del cobro de la Verificación Técnica Vehicular, exigencia que para un automóvil familiar rondaría los $4000 pesos, y significaría otro golpe a los bolsillos de las familias de la ciudad.
En la ocasión, el intendente aprovechó para informar que tras el malestar de los vecinos, se daría marcha atrás con la medida que había sido anunciada hace apenas dos días por su equipo de gobierno, más precisamente por el Secretario de Gabinete, Norberto Yauhar.
