Lo planteó el presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Alfredo García, quien apuntó directamente al Proyecto de Iniciativa Popular que hoy obtuvo dictamen negativo en la Legislatura Provincial.
En particular, García habló de la afectación a Aluar que generaría la prohibición de las actividades mineras en Chubut. Además, afirmó que los diputados provinciales deberían analizar si el proyecto de ley 129/20 es inconstitucional.
García, integrante de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, dijo en particular que el proyecto de ley 129/20 puede provocar el cierre de Aluar, ya que la empresa se dedica al almacenamiento y procesamiento de aluminio.
En este marco, pidió a los legisladores provinciales que analicen si esta Iniciativa Popular va en contra de la Constitución.
«Creemos que el proyecto que plantea prohibir la minería en Chubut a través de una Iniciativa Popular está atentando seriamente contra los intereses directos de la ciudad de Puerto Madryn. En este proyecto hay artículos que afectarían fuertemente la posibilidad de que Aluar siga con los procesos que lleva adelante desde su creación y que han permitido que la ciudad se fuera desarrollando e incorporando empresas de servicios y proveedores que están calificados para asistirlos».
Agrego que «Todo eso afectaría a una serie de empresas de diversos tamaños que emplean a una cantidad importantísima de gente en Puerto Madryn y que verían desaparecer su fuente de trabajo. Y con ello obviamente toda la actividad que se desarrolla de manera indirecta. Los haberes que perciben esos empleados dejarían de estar volcados en la economía de Madryn. Principalmente la afectación más importante que vemos en el corto plazo sería la relativa a las operaciones de Aluar en Puerto Madryn».
Consultado sobre con un posible desarrollo minero en la Meseta y los servicios que podrían brindar empresas de la zona a la actividad, García manifestó que «Existe en la provincia un grupo importante de empresas que están ligadas a la actividad minera, sobre todo en servicios secundarios. De hecho, varias de estas empresas están trabajando en Santa Cruz, y muchas que aún no lo hacen estarían en condiciones de ser capacitadas y de pertenecer al programa de proveedores que las empresas normalmente suelen implementar cuando empiezan a tener una actividad en una región y cuando no están los servicios básicos que necesitarían».
Respecto a la inconstitucionalidad del Proyecto de Iniciativa Popular, afirmó que «Estamos de acuerdo con que hay una diversidad de artículos que se violan tanto a nivel constitucional, como también las mismas leyes de la provincia».
Por último, García pidió a los legisladores provinciales que enfoquen su trabajo en impulsar el desarrollo de la actividad minera, fomentando los controles en su desarrollo: «No podemos prohibir para no controlar y para evitarnos un problema. Creo que tenemos que poner nuestra mejor voluntad para que cualquier actividad que pueda producir una mejora en las condiciones de los habitantes de Chubut, sobre todo en la zona tan castigada como la Meseta, tenga su oportunidad y sea desarrollada con los controles necesarios».
