El jueves último, la jueza de Esquel, Alicia Arbilla, había emitido una medida cautelar haciendo lugar al pedido de un grupo de vecinos anti minero, ordenando suspender la sesión de los diputados provinciales, aunque la misma ya había sido suspendida por las propias autoridades del Poder Legislativo.
La decisión judicial abrió las puertas a un conflicto entre poderes, y la magistrada recibió fuertes críticas, desde distintos sectores.
Arbilla había recibido el pedido de un grupo anti minero hace varias semanas y se declaró incompetente, y lo trasladó al Superior Tribunal de Justicia para que resuelva. Pero el STJ lo devolvió a su Juzgado por considerar que era un tema que le correspondía resolver a la jueza, que ante la inminente sesión tomó la decisión de dar lugar al pedido, aunque en Rawson, la sesión ya estaba suspendida.
Por su parte, fiscalía de Estado, presentó un amparo para suspender los efectos de la cautelar que dictó la jueza de Esquel que impedía el tratamiento del proyecto de ley de zonificación minera.
El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, fue uno de los que se refirió al pedido de la magistrada: «El pedido de la Jueza no deja de ser un hecho totalmente fuera de lugar porque hay un respeto institucional que debe existir entre los poderes, incluso por un tema que ni siquiera fue tratado»,
Ahora, la jueza cordillerana falló rechazando el pedido de este grupo antiminero, y determinó que deberán pagar las costas del caso.
Además. Arbilla aporta en su fallo otro punto importante, al referirse a un famoso informe del CONICET que presuntamente fue adulterado para presentar en el marco del proyecto de zonificación minera: “Si bien se encuentra la exposición de motivos en el pen-drive ya mencionado, no cuento en este estado con un pronunciamiento penal ni con elementos suficientes que acrediten con el grado de certeza que requiere la medida autosatisfactiva, los hechos alegados por los actores”.
