Lo afirmó Stella Maris Manzano, especialista en tocoginecología y medicina legal, quien forma parte del plantel de profesionales del Hospital Zonal de la ciudad de Trelew, respecto a las intervenciones por abortos no punibles.
Con más treinta años de práctica profesional, veinte de ellos en Trelew, expuso además, en 2018 en el Senado cuando se trató el proyecto, que finalmente no se aprobó, de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en una cátedra sobre cómo garantizar derechos desde el sistema de salud.
“Soy médica y hago abortos. Si entendemos la salud como un derecho y no como una mercancía nuestra meta es universalizar este derecho», dijo aquella vez en el Senado para empezar su exposición.
La provincia de Chubut, cuenta con una norma de avanzada desde el año 2010, la Ley XV número 14, siendo una de las primeras provincias en establecer un protocolo para la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo, y que habilita la intervención. No se necesita autorización judicial ni de comités médicos cuando existe el consentimiento de la mujer, peligro para la vida o la salud (física o psíquica) de la mujer, y es además, practicado por un médico.
Vale recordar también, que desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJN) confirmó la constitucionalidad del fallo F.A.L. en 2012, dispuesto por el Tribunal Superior de Chubut, quedó ratificado en la Argentina el derecho que tienen las mujeres a decidir abortar, sin embargo en la mayoría de las provincias, la intervención sigue sigue siendo una práctica clandestina, que lleva a miles de mujeres a la muerte, como consecuencias de prácticas realizadas en su mayoría, sin el control médico.
El fallo F.A.L. autorizó la realización de la práctica de aborto a una joven de 15 años de edad de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que había quedado embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro, y cuya intervención le era negada en la ciudad.
En esa sentencia, la Corte y determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, o en los casos en los que está en peligro la vida y la salud de cualquier mujer, sin importar la salud mental, no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo.
La práctica del aborto existe, sin embargo, en la mayoría de las provincias, continua siendo una cuestión de privilegios. Aquellas mujeres que pueden, por su condición social y económica, pagar la intervención, acceden sin consecuencias, mientras que quienes no, muchas veces mueren en el intento o quedan con graves secuelas físicas y psíquicas.
Actualmente hay diez provincias que adhieren al protocolo nacional para la intervención, seis que cuentan con protocolos propios, cuatro jurisdicciones que no están adheridas pero utilizan la regulación nacional y otras cuatro que no tienen protocolo ni adhieren al nacional.
La médica Manzano, recordó que en Trelew hace años que se hacen abortos irrestrictos, mediante la práctica a través de pastillas, y agregó que desde que comenzó la pandemia, «recetamos pastillas y 141 mujeres abortaron en sus casas, además de otras 21 que lo hicieron internadas». Añadió que «Trelew tuvo 900 partos por año y los sigue teniendo, lo que cambió es que mueren menos mujeres».
La intervención se realiza amparada en la mencionada Ley Provincial, que establece la posibilidad de la interrupción legal y voluntaria del embarazo en centros públicos de salud de la provincia, a partir de una interpretación integral del concepto de salud.
A nivel nacional, el presidente Alberto Fernández, luego de una larga demora, envió al congreso un nuevo proyecto de ley para garantizar la IVE en todo el país, tal como lo había anunciado en la apertura de sesiones de éste año, respondiendo a una demanda histórica de mujeres de todo el país.
Respecto a esto, Manzano reconoció que tiene discrepancias respecto a los llamados «objetores de conciencia» que menciona el proyecto, es decir, los médicos que consideran que la práctica discrepa con sus valores éticos, morales o religiosos y por lo tanto se oponen a realizar dicha intervención.
En 2018, fracasó el proyecto de ley propuesto por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una coalición de organizaciones no gubernamentales de todo el país.
El 13 de junio de 2018, la Cámara de Diputados, aprobó, de manera histórica, el proyecto de ley y lo envió al Senado. Sin embargo, el 8 de agosto, el Senado, con 82 miembros, rechazó el proyecto por una diferencia de 7 votos y con 3 abstenciones.
El Proyecto no logró su aprobación, y la intensidad del debate en ambas cámaras evidenció las grandes diferencias que genera el tema en nuestra sociedad.
Más allá de no ser aprobado, si hay que reconocer que la discusión permitió brindar mayor información al respecto, para visibilizar este tema, y terminar con la criminalización social que existía al respecto. Se entendió a la defensa del derecho al aborto, como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y las personas gestantes. Como una cuestión de salud pública, no individual, sino colectiva.
Sin embargo, aún hay sectores de la sociedad, nucleados en su mayoría por grupos religiosos, que se oponen.
Resta esperar si el proyecto nacional contará esta vez con los votos para ser aprobado. El mismo, legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren la salud y la vida, de aquellas mujeres que deciden llevarlo a cabo.
Que el aborto se convierta en ley, no obliga a las mujeres a abortar, sino que a través del Estado, garantiza las condiciones a aquellas personas que deciden hacerlo.
Ahora, este nuevo proyecto de ley, le brinda la posibilidad al Congreso, en parte con caras renovadas, de dar una nueva discusión con el compromiso social y político que eso requiere, y que les brindará la oportunidad histórica, por un lado, de ampliar derechos y condiciones de igualdad, o por el contrario, seguir vulnerando los derechos de las mujeres en Argentina.
