En la provincia de Chubut, toma notoriedad de vez en cuando algún caso particular sobre violencia de género, de distinta índole, que expone además, otros interrogantes.

Días atrás, una concejala de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Ana Clara Romero, denunció a un empresario de la ciudad por «maltratos y violencia de género», tras un hecho acontecido en las instalaciones del Concejo Deliberante de la ciudad.

Desde el Ministerio Público Fiscal, anunciaron la intervención tras la denuncia de la concejala Romero, en donde informaron la prohibición de acercamiento para el hombre.

El concejal Daniel Vleminchx en la sesión del día jueves, explicó el por qué de la participación de Gastón Ergas, el denunciado, en el marco de la Comisión de Salud y se quejó por el accionar del MPF.

El Ministerio Público Fiscal actuó a la cuatro horas ante la denuncia de la concejal Ana Clara Romero. En Argentina mueren mujeres por femicidio, y son muchas. Pero no es cierto que la celeridad se lleva a cabo con todos los casos”, advirtió Vleminchx.

Tras las declaraciones del edil, se plantean varios interrogantes, que advertimos, no es cuestión de responder en unas simples líneas.

En primer lugar, algunos hechos dan cuenta de que no es cierto que la justicia de Chubut actúa con la misma celeridad en todos los casos de violencia de género en la provincia. Sin embargo, la Concejala Romero, sí obtuvo tras su denuncia, medidas al respecto.

Pero ahora, ¿tendrán que ser, todas las mujeres de Chubut, concejales de un partido para garantizarse del accionar de la Justicia al denunciar un hecho de violencia de género, en la Provincia? 

En Trelew, días atrás, dos mujeres víctimas de violencia de género, brindaron una entrevista a Radio 3, declarando que temen por sus vidas. Hay que remarcar la revictimización a la que las someten: dos mujeres denunciantes exponiendo sus vidas y sus nombres en un medio de comunicación, desesperadas ante la inacción de los funcionarios judiciales, según relataron.

Una de ellas, realizó más de cincuenta denuncias contra su ex. Hace diez años que están separados y todavía él la sigue hostigando a ella y a su familia. Con el agravante, de que además, es un agente de policía de Trelew que ha violado tres prohibiciones de acercamiento y nadie desde la Justicia, aparentemente, hace algo.

En el otro caso la víctima está embarazada de ocho meses, y también dió cuenta de la falta de medidas para resguardar su integridad.

Ambas mujeres viven en barrios vulnerables de la ciudad de Trelew. Los hechos, siembran la duda, respecto a si hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. 

Estos casos son apenas los que se han hecho públicos a través de la prensa, pero decenas de testimonios se pueden leer en las redes sociales de organizaciones sociales y feministas, que funcionan en red para contener y acompañar a denunciantes, y que dan fé de ser hostigadas y sometidas en las oficinas judiciales, que ni siquiera les brindan información respecto a los hechos que denuncian, o simplemente los «cajonean», dependiendo de quien se trate, como aquellos en que se apunta contra funcionarios públicos, como hicieron público desde la «Colectiva Vivas y Libres», de la ciudad de Trelew.

¿Hay entonces, realmente perspectiva de género en las decisiones del Poder Judicial de la Provincia?

En principio, no es una cuestión de perspectivas, sino de hacer cumplir o no, la ley.

Para sorpresa de muchas de estas mujeres, existe la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género dependiente del Superior Tribunal de Justicia, que cuenta también con un observatorio de género, en donde se relevan diferentes datos.

La oficina, la encabeza la Dra. Mariana Ripa.

«Por ser funciones que les competen a otras dependencias públicas en la OM-OVG no se recepcionan denuncias de violencia de género, ni se patrocinan a las usuarias del sistema, sin embargo, en la órbita de nuestra competencia, se encuentra el relevamiento de obstáculos dentro del sistema, el cual se conforma con las quejas que sí pueden plantearnos las personas que requieren el servicio de justicia ante situaciones de violencia.» Esto aclaran desde la página web de la oficina.

Entonces, ¿Qué es lo que hace la oficina de la Mujer, en la justicia de Chubut?

El organismo se creó en 2012, siguiendo con la información que brindan en el sitio web, dice: «aportamos nuestro conocimiento específico en el diseño de políticas públicas y la implementación de acciones o medidas que procuren la incorporación de la perspectiva de género en la búsqueda de lograr la igualdad de género y las diversidades, de modo de garantizar un mayor acceso a la justicia».

Por los datos que arroja la propia oficina, el poder judicial de la provincia, está compuesto en su mayoría por mujeres, aunque éstas, no ocupan lugares de jerarquía ni toma de decisiones, y particularmente los jueces, son en su mayoría hombres.

Sin embargo, está demostrado que la formación en temáticas de género para volcar mayor perspectiva en las decisiones y en las causas judiciales, no está simplemente ni únicamente vinculado a las composiciones de los espacios según su género; que sean compuestos por mujeres, no es garantía, aunque sí representa uno de los factores clave.

Hace algunos días, Mariana Ripa brindó una entrevista a Radio Chubut, sobre un tema de por sí, polémico, pero que sin dudas no es lo que urge o interesa como primer medida, a las miles de mujeres que son violentadas. El lenguaje inclusivo. 

La funcionaria también informó que el 65% de los empleados del Poder Judicial nunca había realizado una capacitación en género.

Sobre esto, no quedaron dudas en junio de este año, cuando tomó notoriedad a nivel nacional que el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, acordó un juicio abreviado para los integrantes de «la manada de Chubut», acusados de violar en grupo una adolescente en 2012, en Playa Unión.

El fiscal acordó una condena por abuso sexual simple para tres de los jóvenes, respecto de los que entendió tuvieron un «accionar doloso de desahogo sexual», modificando la calificación legal de «abuso con acceso carnal» por la de «abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas».

La decisión generó un repudio generalizado pocas veces visto, tal es así que hasta Amnistía Internacional emitió desde sus cuentas, un video en alusión al caso.

En aquel entonces, desde el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Jorge Miquelarena, emitieron un comunicado, justificando el accionar del fiscal, y atribuyendo que los dichos fueron «sacados de contexto».

Respecto al Ministerio Público Fiscal, quienes sí recepcionan denuncias y actúan como querellante en las distintas causas de violencia de género, Miquelarena anunció hace algunos días a través de su cuenta de Twitter, la implementación de una aplicación para denuncias por violencia de género, en contexto de pandemia.

Quizás por error involuntario, al hacer click en el link de acceso que brinda el funcionario, éste te redirecciona a un sitio que no está disponible. Sin embargo, al buscarlo en la web sí se puede acceder, y observar las distintas opciones para realizar denuncias de manera online.

Más allá de esto, el Plan estratégico del Ministerio Público Fiscal, que posee los lineamientos de ese organismo, para los años 2020 al 2025, describe únicamente un punto «a definir», sobre temáticas de género, respecto a la creación de una Unidad Especializada en delitos de violencia de género.

En resumen, para que las mujeres de la Provincia, accedan a una mayor igualdad social, política y económica, es esencial que la justicia actúe en consecuencia en los hechos que, por lo menos, se denuncian. Cada vez que hay inacción de la justicia ante un hecho de violencia, se vulnera un derecho.

No es solamente una cuestión de forma, sino de fondo, en el que todos los actores tanto hombres como mujeres con puestos de jerarquía, o no, deben comprometerse, dejando de lado la implantación de estereotipos o discriminación.

En Chubut, mientras tanto, la perspectiva de género sigue siendo otra deuda pendiente.

0Me encanta
0Me da risa
0Me sorprende
0Me preocupa
0Me enoja